REDACCION: ENFOQUE DE MICHOACÁN
URUAPAN, MICH.
A tan solo 28 días de iniciado el actual gobierno municipal, el secretario de Seguridad Pública de Uruapan, Coronel Jiménez Miranda, se ha separado temporalmente de su cargo tras ser involucrado en un presunto incidente de violencia doméstica. Los hechos, que aún no han sido ratificados ante la Fiscalía, habrían ocurrido en el fraccionamiento del Mirador, en la calle Diligencias, donde se recibió un reporte al C5 alertando que el funcionario se había puesto violento con su esposa.
Ante esta situación, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, tomó una decisión inmediata: solicitar la separación temporal del secretario mientras se esclarecen los señalamientos. "Le he pedido al secretario separarse del cargo hasta que no queden estos señalamientos esclarecidos", declaró el alcalde, reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de las mujeres.
"En mi Gobierno, nuestro compromiso es luchar con transparencia para salvaguardar la integridad de las personas y principalmente de las mujeres", subrayó Manzo Rodríguez, quien destacó que ningún funcionario o situación puede estar por encima de la ley. "Nadie ni nada puede estar por encima de la ley y del bienestar del Pueblo de Uruapan, de las familias y sobre todo de las mujeres", añadió.
Este incidente ha generado consternación en la comunidad, ya que el funcionario encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos ahora enfrenta serios señalamientos. La respuesta del presidente municipal ha sido vista como una acción oportuna en consonancia con su política de cero tolerancia hacia cualquier comportamiento que comprometa el bienestar de la población.
Sin embargo, queda la pregunta en el aire: ¿cómo percibe la ciudadanía estos lamentables hechos y la reacción del alcalde ante una situación tan delicada? Mientras las investigaciones continúan, los habitantes de Uruapan observan con atención los siguientes pasos en este proceso, en el que las autoridades deberán garantizar que se haga justicia y se proteja a las víctimas.
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