Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad, por la discriminación y la falta de opciones para su desarrollo que imperan en nuestra sociedad
Debemos redoblar esfuerzos para la atención de personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza, pues enfrentan una situación de doble vulnerabilidad, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para la Atención a Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, apuntó que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad, por la discriminación y la falta de opciones para su desarrollo que imperan en nuestra sociedad.
“La estadística del INEGI nos reporta que el 21.2 por ciento de los hogares urbanos de clase baja afirman tener a algún integrante con discapacidad, mientras en la clase media el porcentaje es menor, al llegar al 14.1 por ciento”.
Víctor Zurita informó que los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), consignan que en México existen 4.1 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza.
“El Consejo consigna que la población con alguna discapacidad presenta altos niveles de pobreza y mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos sociales en comparación con otros grupos de la población”.
El legislador lamentó que la persistencia de la falta de adaptación de servicios como los educativos, tanto en infraestructura como en materiales y personal capacitado, así como insuficientes apoyos para garantizar el acceso a la educación, lo que ha generado que las personas con discapacidad no puedan disfrutar con equidad el derecho a la educación frente al resto de la población, lo cual amplía las brechas de asistencia a la escuela conforme aumenta el nivel educativo.
“Es fundamental seguir trabajando por una plena inclusión y por una garantía plena del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, pues ello es condición necesaria para su desarrollo y acortar las brechas de desigualdad que siguen existiendo”.