Como un acto reprobable, así calificó el diputado federal José Guadalupe Aguilera Rojas, la pretensión de los legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por reformar la Ley de Amparo con el fin de obstaculizar que el Poder Judicial proteja a la ciudadanía ante actos arbitrarios por parte de las autoridades.
En ese sentido, el legislador conocido como "Lupillo Aguilera", y quien también ocupa la vicecoordinación de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Unión, lanzó el exhorto para que se retire del proceso legislativo lo que definió como un despropósito por parte de la bancada guinda, pues facilitará la realización de actos autoritarios.
Aguilera Rojas explicó que, con esta iniciativa, Morena y sus aliados buscan quitarles a los mexicanos el derecho a solicitar amparo mediante una reforma de ley que claramente violenta el debido proceso y cuyos efectos resultarán en perjuicio de la sociedad.
“De lo que en realidad se trata la intentona de Morena es de torcer la Ley de Amparo para que el ciudadano quede sin protección ante abusos de las autoridades. Básicamente es ajustar la Ley al antojo del Presidente de la República, quien ha descalificado el trabajo de los juzgadores que le dieron un revés a su reforma eléctrica”.
El vicecoordinador del Sol Azteca en el Congreso lamentó la decisión de hacer públicos los ofrecimientos de pruebas testimoniales sobre el caso de la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, ya que, aseguró, lo que hay de fondo es un linchamiento mediático al calor de la contienda electoral en puerta.
“Hacer del conocimiento público los testimoniales de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera es un retroceso para el sistema de Justicia, pues se violenta el debido proceso. Se vuelve al arcaico sistema de justicia que no privilegia la presunción de inocencia”, señaló.
Finalmente, Lupillo Aguilera indicó que el PRD ya prepara una solicitud de juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; de la fiscal general del estado, Verónica Hernández, y de la juez Alejandra Pliego, por la presunta violación de derechos humanos de Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno de Veracruz en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien, en este mismo contexto de presión política, se le dictó la prisión preventiva oficiosa.